LOS ‘CANOSOS’ NO PUEDEN SUPRIMIRSE

Así lo entiende el Juzgado nº 6 de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, que ha dictado una sentencia por la cual no pueden suprimirse los denominados «canosos», es decir, los días de libre disposición añadidos en razón de la antigüedad de los funcionarios, al amparo del EBEP. Las razones que da para ello pueden resumirse en las siguientes:

• ya estaban consolidados;
• son días de vacaciones (derecho fundamental de la Unión Europea);
• no se puede aplicar retroactividad para eliminarlos.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Bilbao ha fallado mediante sentencia firme, que los días libres adicionales por antigüedad vigentes antes de la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012 conocidos como “canosos”, no pueden suprimirse.

Lo dispuesto en el citado RD Ley 20/2012 sobre vacaciones y días de asuntos particulares, días adicionales y de libre disposición o de similar naturaleza no impide que los empleados públicos disfruten de los días hábiles adicionales de vacaciones y de los días hábiles de libre disposición por trienios de antigüedad ya consolidados a la fecha de entrada en vigor del RD ley 20/2012, conforme a la normativa existente (EBEP Ley 7/2007 y los Convenios para el personal laboral.

En concreto hablamos de la recuperación de un día hábil de vacaciones a partir de los 15 años de servicio, añadiéndose un día más al cumplir los 20, 25 y 30 años de servicios, así como dos días adicionales de libre disposición al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.

Sobre esta cuestión ya existen pronunciamientos judiciales que amparan este derecho como la sentencia firme del juzgado de los Contencioso-administrativo nº 6 de bilbao ante la reclamación de un ertzaintza en la que se reconoce que «sí ha lugar al disfrute de los días de vacaciones adicionales que se hubieren adquirido por antigüedad a fecha 15 de julio de 2012, fecha de entrada en vigor del RDL 20/2012».

La magistrada entiende que la supresión de los “canosos” no puede aplicarse con efectos retroactivos. Esto es, los días a los que los empleados públicos tuvieran derecho antes del 13 de julio de 2012 están consolidados como vacaciones. Y el derecho a las vacaciones retribuidas está incluido entre los derechos fundamentales de la Carta de la Unión Europea y, por ello, no puede ser interpretado de manera restrictiva.

Ahora bien, el fallo judicial deja fuera los ‘moscosos’ generados a partir de julio de 2012. Esto es, los empleados  que computan trienios desde esa fecha no pueden anotarse días libres en tanto el Tribunal Constitucional no resuelva el recurso planteado por el Ejecutivo vasco.

SENTENCIA JUZGADO NUMERO 6 DE BILBAO

Instrucciones del Director General de la Función Pública

Se ha publicado en el BOCM de 29 de febrero, las Instrucciones del Director General de Función Pública para la aplicación de la disposición adicional primera de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Texto completo de las «Instrucciones»

Informe de los Defensores Universitarios de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, en relación a la aplicación de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre.

Estimados compañeras y compañeros:

Para vuestro conocmiento, os comunicamos que podéis consultar el Informe de los Defensores Universitarios de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, en relación a la aplicación de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, en su versión completa, en la dirección abajo indicada.

       La conclusión a la que llegan es que «no procede la aplicación de las disposiciones adicionales 1ª y 2ª de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, en materia de reordenación del tiempo de trabajo y de prestaciones por incapacidad temporal en las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, por exceso en la calificación competencial que la Comunidad realiza y que deviene del régimen diferenciado en respeto a la autonomía universitaria reconocida por la Constitución y su norma de referencia».

    INFORME DE LOS DEFENSORES UNIVERSITARIOS DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Comunicado SAP-URJC sobre la respuesta de las Universidades a la Ley 6/2011, de 28 de diciembre

Estimados/as compañeros/as:

                Tras el éxito de convocatoria de la manifestación del día 7 en contra de la aplicación en las Universidades de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de la Comunidad de Madrid vemos con preocupación los distintos caminos que cada universidad está emprendiendo a este respecto.

                Hemos conocido la decisión del Rector de la Universidad de Alcalá de Henares de no aplicar estas medidas al tiempo que todo parece indicar que en la Universidad Complutense se decantan por aplicarlas en su totalidad. Nos alegramos por el éxito de las protestas y movilizaciones de los compañeros de la Universidad de Alcalá pero, salvado el principio de la autonomía universitaria, esperamos que todos los rectores, bajo el amparo de la CRUMA, tomen una postura conjunta en contra de la aplicación de las medidas de la Comunidad de Madrid.

                En cuanto a la URJC, en la reunión de la Junta del PAS, celebrada el pasado miércoles día 8, se decidió por unanimidad de todas las secciones sindicales solicitar una reunión urgente a nuestro Rector y solicitar, al mismo tiempo, la incorporación de este asunto como punto del orden del día del próximo Consejo de Gobierno. Esta solicitud ya ha sido formalmente presentada en escrito conjunto del Presidente de la Junta de PAS y del Presidente del Comité de Empresa de PAS.

                Os seguiremos informado de las noticias que se produzcan en este sentido así como de las distintas noticias que puedan aparecer relativas a las demás universidades.

Finaliza el encierro en la UAH

Finaliza el encierro en la UAH.

Manifestación en Madrid (7 de febrero 2012) (TelesurTV)

Comunicado SAP-URJC sobre la Manifestación convocada (7-febrero-2012)

           

            Como ya sabéis ayer se celebró la reunión de la CRUMA con los sindicatos mayoritarios en el rectorado de la Universidad Carlos III y con presencia de los seis Rectores de las Universidades Públicas de Madrid. 

            En la reunión manifestaron su sometimiento al cumplimiento de la jornada laboral de 37,5 horas por tratarse de medidas adoptadas por el Gobierno central. En cuanto a las demás medidas los compromisos a los que llegaron los rectores fueron la convocatoria de las Mesas Paritarias y de Seguimiento de los Acuerdos y Convenios en vigor y la paralización en la aplicación de las medidas contempladas en la Ley 6/2011 de la Comunidad de Madrid hasta que no se haya producido el proceso de diálogo aludido.

             No obstante entendemos que todas estas medidas implican la ruptura de todos los acuerdos y convenios vigentes, la pérdida de derechos adquiridos a lo largo de muchos años así como graves recortes en las universidades públicas por ello os recordamos que mantendremos las movilizaciones y os emplazamos a uniros a la manifestación de esta tarde:  

MANIFESTACIÓN

7 DE FEBRERO DE 2012

18:30 Hs

ENTRE LA PLAZA DE NEPTUNO Y LA PUERTA DEL SOL

Punto de encuentro de las Universidades Públicas: Calle Montalbán c/v Paseo del Prado

             Os adjuntamos a continuación el artículo publicado por el Prof. Bastida en www.ine.es el domingo 15 de enero de 2012.

 

El desprecio político al funcionariado. Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública FRANCISCO J. BASTIDA CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión. Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho. Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla. Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

Manifestación para el día 7 de febrero en Madrid

Bajo el lema, lo público es de todos, ¡No a los recortes!, los principales sindicatos han convocado una manifestación que recorrerá el centro de Madrid el día 7 por la tarde (18:30 entre Neptuno y Sol). Están citados a la misma los 107.000 trabajadores públicos madrileños y se celebra tras las medidas aprobadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se conocieron tras la públicación de las mismas en la Ley de Acompañaniento de 28 de diciembre de 2011, comentadas en una noticia anterior de este Blog.

Se trata de la más destacada acción sindical que, por el momento, se ha acordado dentro del calendario de movilizaciones que se viene realizando desde el mes de enero. Por este motivo, desde el SAP, os animamos a participar en ella para contribuir a que la misma sea todo un éxito.

Finalmente, desde el SAP, y referido al último comunicado emitido, deseamos agradecer los mensajes que hemos recibido en la cuenta corporativa, con relación a este asunto, por las ideas que contienen. En todo caso, como decíamos también, en la línea de las restantes secciones sindicales, lo importante es lograr la paralización de las medidas antes que proponer alternativas para su cumplimiento.

Comunicado SAP-URJC con relación a las medidas de la Comunidad de Madrid

           Tras la aprobación, por parte de los gobiernos nacional y autonómico madrileño, de distintas normas que modifican las condiciones laborales de los funcionarios queremos manifestar nuestro rechazo y oposición a estas medidas. Vivimos momentos difíciles, sobre todo en lo económico, que, sin duda, requieren de una profunda reflexión y, tras la misma, de una transformación de los estamentos incluida la Función Pública. Sin embargo, asistimos, una vez más, a un “pase indiscriminado de tijera” para intentar cuadrar las cuentas a final de ejercicio sin tener en cuenta ni los acuerdos vigentes ni mucho menos la opinión de los funcionarios.

           Al tiempo que no se cuenta con nuestro parecer para acometer una reforma sensata y lógica “desde dentro” se siguen manteniendo una ingente cantidad de empresas públicas, organismos, fundaciones y entes creados para la contratación de personal sin pasar por las oposiciones pertinentes, que cobran de los erarios públicos y que, bajo la excusa de dar un mejor servicio al ciudadano, no son constituidos más que para favorecer el clientelismo político y para mayor gloria del gobernante de turno.

           Desde el S.A.P. nos sumamos a la petición de paralización de la aplicación de estas medidas en la Universidades porque contravienen derechos establecidos en normas vigentes tales como la Ley Orgánica de Libertad Sindical, El Estatuto Básico del Empleado Público o la Ley Orgánica de Universidades, entre otras. Cabe recordar que alguna de las conquistas que ahora se modifican, como el número de días de libre disposición, fueron obtenidas como compensación de muchos años continuados de congelación salarial o de incrementos por debajo del IPC. En cuanto a la modificación de la jornada laboral y las demás disposiciones rompen los acuerdos en vigor y vulneran el derecho a la negociación colectiva.

           Anoche, los sindicatos acordaron con el Presidente de la CRUMA el aplazamiento del cumplimiento de estas medidas a la celebración de una mesa de Universidades donde abordar no solamente estas medidas sino también los preocupantes recortes, a nivel general, que las universidades públicas vienen sufriendo en los últimos años. Si finalmente tenemos que cumplir en todo o en parte estas u otras medidas que se puedan adoptar, nuestro sindicato exigirá que, al menos, podamos manifestar nuestra opinión sobre la manera de cumplir mejor estas disposiciones, atendiendo a las necesidades del servicio pero sin descuidar la conciliación de nuestra vida laboral y familiar. En este sentido son varias las propuestas que nos han llegado -como una mayor flexibilidad en el horario, la reducción del tiempo destinado a la comida o el disfrute de los días de libre disposición a lo largo de todo el año en lugar de por semestres- pero, dada la importancia de la situación que vivimos, os emplazamos a que nos hagáis llegar vuestras propuestas para poder defenderlas en todos los foros que sea necesario. Ya sabéis que podéis enviarlas por correo electrónico (sap.urjc@gmail.com) o a través de nuestro blog (https://sapurjc.wordpress.com) al que os invitamos a suscribiros.

           Como primera acción, os emplazamos, conjuntamente con el resto de secciones sindicales presentes en nuestra Universidad, a que acudáis a la ASAMBLEA, que bajo el lema “Contra la aplicación de la Ley 6/2011 de 28 de diciembre y en defensa de una Universidad Pública de calidad”, pretende abordar e informar sobre la gravísima situación que comporta la aplicación de dicha norma. La Asamblea tendrá lugar el próximo día 1 de febrero de 2012, a las 13,00 horas, en el Aula Magna del  Aulario I, del Campus de Móstoles.

Disposiciones de la Comunidad de Madrid para 2012 que afectan a los empleados públicos

Hoy día 27 de diciembre de 2011, ha quedado aprobada en la Asamblea de Madrid, con la mayoría absoluta del Partido Popular, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de acompañamiento de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012. Tal y como había ido apareciendo previamente en los medios de conunicación, se incluyen una serie de disposiciones que afectan directamente a los empleados públicos de Madrid y que, resumidamente, se concretan en las siguientes:

1. Aumento de la jornada laboral a 37 horas y media.
2. La Comunidad de Madrid deja de cubrir el 40% del sueldo a los funcionarios a partir del cuarto día de baja laboral, salvo en los casos de accidente laboral, enfermedad profesional y maternidad.
3. Reducción de los días de libre disposición a los 6 establecidos en el EBEP. Se añaden los correspondientes por cumplimiento de trienios.